En los últimos años, el estado fronterizo de Baja California, al norte de México, se ha mantenido como uno de los más violentos del país, y los reporteros locales también han llevado su parte.
Por Parker Asmann
Ciudad de México, 30 de enero (InSightCrime).- El inicio de 2022 en México ha estado teñido de sangre de periodistas, muertos a tiros, puñaladas o emboscados, mientras las autoridades siguen acusando a las organizaciones criminales.
El ataque más reciente se conoció la mañana del 26 de enero, cuando hombres armados abrieron fuego contra José Ignacio Santiago Martínez, director de Pluma Digital Noticias, cuando conducía por la autopista Yosonicaje-Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, al sur de México, según anunció la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en un comunicado oficial.
Martínez se salvó por un pelo. Los guardias armados que lo acompañaban, como parte de su inclusión en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, lograron repeler la emboscada. Pero estos mecanismos no siempre funcionan según lo planeado.
El 17 de enero, el fotorreportero Margarito Martínez fue acribillado saliendo de su casa en la ciudad fronteriza de Tijuana, como lo informó la Fiscalía General del estado de Baja California en un comunicado. Al igual que su colega de Oaxaca, Martínez había denunciado que temía por su vida y fue remitido al mecanismo de protección para periodistas. No le sirvió de mucho.
Pocos días después, el 23 de enero, Lourdes Maldonado López también fue asesinada en la puerta de su casa en Tijuana, a pesar de la aparente protección oficial, como lo confirmó en una declaración pública la Gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar. En marzo de 2019, Maldonado viajó a Ciudad de México para asistir a la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Allí, le dijo directamente al Presidente que “temía por su vida” y le solicitó protección. Ésta nunca llegó.
Aunque se ha dedicado mucha atención a Tijuana, por la seguidilla de asesinatos de alto perfil, la violencia contra el gremio de periodistas se ha extendido a todo México este año.
A comienzos de enero, el reportero José Luis Gamboa fue muerto a puñaladas en el estado de Veracruz, en el Golfo de México. No había pasado una semana, cuando el periodista Jaime Vargas Chablé fue herido de la misma forma por atacantes que irrumpieron en su casa, en el estado de Yucatán, aunque no se precisó si el ataque tenía relación directa con su trabajo. Otro periodista en el municipio Buenavista de la Salud, estado de Guerrero, quedó atrapado entre el fuego cruzado de duros enfrentamientos con armas de fuego mientras esperaba por más de una hora que las fuerzas de seguridad respondieran.
La violencia vivida este mes desató protestas masivas en docenas de ciudades de México, país que ha ocupado de manera consistente el primer lugar como uno de los más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, de acuerdo con el análisis del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que hace seguimiento a los ataques contra la prensa.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
Es innegable que las denuncias de ataques a la prensa en el estado de Baja California se han más que duplicado desde 2018, con 43 agresiones registradas a lo largo de 2021 por la organización para la libertad de prensa Artículo 19. Después de los asesinatos de Martínez y Maldonado, la organización declaró que el estado comenzó 2022 con un “foco rojo”.
Hasta ahora, las autoridades han señalado al crimen organizado por su posible participación en el asesinato de Martínez, aunque dichos nexos suelen ir más allá de un solo grupo criminal y tienen relación con factores diversos, como las dinámicas de poder locales. La pistola 9 mm usada para cometer el delito estuvo anteriormente, al parecer, en manos de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habían asesinado a dos mujeres y tres hombres a mediados de 2020, según recogió Zeta Tijuana.
Pero, dado el tiempo transcurrido entre los crímenes y el asesinato de Martínez, es posible que el arma homicida hubiera cambiado de manos o fuera vendida a otra persona sin conexión alguna con esa organización criminal.
La semana después del asesinato, aparecieron en Tijuana dos narcomantas presuntamente firmadas por el Cártel de Sinaloa en las que acusaban a David López Jiménez, alias “El Cabo 20” o “El Lobo”, de ordenar la muerte. De Jiménez se dice que es un operador criminal al frente de varias células de narcomenudistas locales y sicarios en Baja California. Anteriormente, colaboró con el CJNG y posteriormente operó al servicio de ramificaciones del Cártel de Sinaloa y lo que queda de la Organización Arellano Félix, según Zeta Tijuana.
Las autoridades también indagan los nexos de Jiménez con Carlos Omar Barba Preciado, quien supuestamente participó en la red de secuestró que dirigía Jiménez, conformada por otros criminales locales y agentes de policía corruptos, según información de Zeta Tijuana. Uno de los presuntos cómplices de Barba, Ángel Peña, al parecer tuvo una confrontación con Martínez el año anterior por su trabajo como fotógrafo que cubría el crimen en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana, donde fue asesinado y que es una de las más violentas de la ciudad.
En años recientes, en esa ciudad fronteriza han convergido un gran número de intereses criminales diversos. Se dice que las luchas internas entre distintas facciones del Cártel de Sinaloa se han extendido a esa región de Baja California, donde el CJNG también ha intentado expandirse con ayuda de un grupo regional, conocido como el Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG). También siguen presentes en la zona remanentes independientes de la Organización Arellano Félix, y las autoridades no descartan su implicación en el asesinato.
Pese a lo anterior, es posible que ciertos grupos criminales estén intentando aprovechar el asesinato para dirigir la atención hacia sus rivales, dando a las autoridades aliadas con ellos una razón para arreciar la persecución contra sus enemigos. Tampoco puede descartarse que el asesinato tenga relación indirecta con el crimen organizado.
La violencia y la intimidación hacen parte del día a día de los periodistas en México por parte de diferentes actores, incluidos los funcionarios de Gobierno. En junio de 2021, por ejemplo, Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chínipas, en el estado de Chihuahua, al norte de México, fue sentenciado a ocho años de prisión, varios meses después de ser detenido por su participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, en 2017.
